Licencias para matar la verdad

Recientemente ha sido anunciado en todos los medios de comunicación privados que el gobierno de Venezuela ha declinado la renovación de la licencia de emisión de RCTV (Radi Caracas Televisión), la emisora más antigua del país.


Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Todos nuestros títeres dirigentes han obedecido, sin cuestionar siquiera, las órdenes recibidas de sus jefes las multinacionales de criticar y clamar por la "libertad de expresión".
Veamos, claman por la libertad de expresión unos medios que sólo atienden e informan según sus intereses. La prensa es el cuarto poder, de todos es bien sabido. No obstante, la participación del capital en estas empresas es demasiado influyente. Por ello, no creo que lo más conveniente sea decir esa sarta de tonterías que han dicho.

La razón en la que se basa, básicamente, el vicepresidente ejecutivo (José Vicente Rangel) es la violación de la integridad de la república, al cometer y participar en el golpe de estado del 20002, ése en el cual unos ejecutivos de PDVSA, y sus amigos y jefes americanos, decidieron atacar un gobierno legalmente elegido y constituído por una aplastante mayoría de los ciudadanos.

A continuación la declaración textual:

"El anuncio del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión del canal de televisión RCTV, que vence en mayo de 2007, ha suscitado una reacción donde se mezclan la tergiversación y el propósito de descalificar la medida por razones políticas. Medida que se basa en un incontrovertible derecho del Estado venezolano en esta materia. La situación es la siguiente:

1) De acuerdo a la documentación que reposa en el organismo competente, Conatel, y a estudios realizados con la mayor seriedad, la concesión de ese canal de televisión vence, efectivamente, en el mes y año ya señalados. Por tanto, queda a discreción del Estado la renovación o no de la concesión. Ese derecho no está en discusión ni podría estarlo aquí y en cualquier parte del mundo. Los propios directivos de RCTV reconocen esa potestad del Estado cuando señalan, para atacar la medida, que la concesión no vence este año sino en el 2020.

2) El argumento político dado por los directivos de RCTV acerca de una supuesta retaliación del gobierno por su condición de medio al servicio de la oposición, carece de asidero en la realidad. Durante los ocho años de gestión del presidente Chávez, en el caso concreto de RCTV, pese a la manera como este medio se involucró en las aventuras desestabilizadoras de los años 2001, 2002 y 2003 -golpe del 11 de abril, sabotaje de la industria petrolera, guarimbas, militares alzados de Plaza Altamira y campañas brutales contra las instituciones: Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Poder Judicial, Poder Ciudadano, Consejo Nacional Electoral, Fuerza Armada Nacional, nunca hubo una respuesta represiva del tipo de las que solían implementar los gobiernos de la Cuarta República contra los medios de comunicación.

3) Si los directivos de RCTV recurren al argumento político no hacen otra cosa que reconocer su participación en la política, con lo cual su posición debe evaluarse en ese terreno, donde evidentemente cada quien tiene sus razones. Por suerte vivimos en un país democrático donde todos podemos exponer nuestros puntos de vista con absoluta libertad. Eso ocurre para este caso en el campo de la política, pero no en el jurídico donde está claro el derecho de la sociedad y del Estado. Para dilucidarlo, si es necesario, está la vía jurisdiccional.

4) Por último, conviene precisar que no se trata de revocar una concesión, a lo cual también tiene derecho el Estado por razones que se justifiquen, sino de un acto adoptado en el marco de la discrecionalidad, anunciando que la concesión no será renovada. Tampoco se trata de una "expropiación" como algunos han dicho. Pretender invalidar el derecho soberano del Estado a otorgar o no concesiones, a revocarlas o no, significaría que los expropiados por los privados serían la sociedad y el Estado."